Manuel Salazar Salvo

Por qué la derecha no

SURda

 

 

Punto Final

El día 5 de octubre, en la conmemoración del triunfo del No en el plebiscito de 1988, la presidenta Michelle Bachelet lo dijo muy claramente: “(…) cuando se deja de tener una mirada de bienestar colectivo, cuando lo privado se impone sin contrapeso a lo público, pasa lo que hemos visto este año. La pasión desenfrenada por el dinero termina nublando la vista. Y la cuenta, lo sabemos, la terminan pagando los ciudadanos. Lo decimos desde un país que sufrió mucho en el pasado. ¿O se olvidan que cuando los especuladores manejaban nuestro país, de la mano de la fuerza de las armas, quebraron nuestra economía, condenaron a la cesantía y pobreza a la mitad de los chilenos? Porque en dictadura la mitad de los chilenos vivían en la pobreza. ¿Olvidan eso los que defendían aquel gobierno? Olvidan el PEM y el POJH; olvidan las ollas comunes; olvidan el terror de las noches, los operativos en las poblaciones; olvidan la inmensa desesperanza que vivía el país en los años 70 y 80. La historia nos indica que el mercado abandonado a sus anchas no es una buena receta para los pueblos. Que la codicia entronizada en el poder no es una buena consejera”.

Estas declaraciones fueron ignoradas por los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? En primer lugar, porque la derecha teme que la popularidad de la mandataria incline de forma categórica la elección de diciembre y, en segundo lugar, porque sus dichos son irrefutables.

“Campaña del terror”

En ese acto, realizado en el ex Congreso Nacional, el candidato de la Concertación, el senador Eduardo Frei, advirtió que un eventual triunfo de la derecha en los próximos comicios traería al país conflictos sociales:
“Quiero un país como muchos millones de chilenos, para que sus hijos y nietos crezcan en libertad en un país sin exclusiones ni discriminaciones; para que sus hijos y nietos puedan caminar por las calles sin la arrogancia de una derecha que pretende dirigir el país, y que nos va a llevar a conflictos sociales y a problemas, porque siempre, cuando han conducido el país solamente han mirado a una minoría y no han mirado los grandes intereses del país”, afirmó el abanderado del oficialismo.

La derecha, sin referirse a las declaraciones de la presidenta, acusó a Frei de desatar una “campaña del terror”. En su afán por contrarrestar lo expresado por ambos, encontró a un aliado, el ex presidente Patricio Aylwin, quien intentó limpiarle la imagen: “Suponer que si la mayoría piensa una cosa distinta venga poco menos que el infierno, no (...) Todos tenemos que entender que lo que decida la mayoría debe ser respetado por todos y representará la voluntad de la nación”, manifestó Aylwin en declaraciones que fueron vistosamente difundidas por El Mercurio , La Segunda y La Tercera.

En los días siguientes, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, coincidió con lo manifestado por Frei, afirmando en TVN que si la derecha llega a La Moneda “sería una dictadura legal, un régimen de tanta fuerza, que sería la concentración total del poder (…) donde el poder está concentrado en un grupo pequeño de familias, en un grupo que son los mismos que están en las AFPs y en las Isapres”.

Marco Enríquez-Ominami, por su parte, también ha reiterado en los últimos días que Sebastián Piñera “es el candidato de las AFPs y de las Isapres”.

La barra brava de Piñera

Pese al ropaje con que hoy se viste la derecha chilena, ha demostrado en los últimos 40 años estar dispuesta a cualquier recurso para seguir manteniendo sus privilegios y expandiendo su voracidad hacia todos los ámbitos de la economía. Algunos de sus representantes no dudaron en asesinar, en 1970, al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, para evitar que Salvador Allende llegara a la Presidencia. Hoy, varios de aquellos conjurados aparecen en las páginas sociales de diarios y revistas como respetables hombres de negocios.
Otros muchos, de la mano de las transnacionales y de la CIA estadounidense, no escatimaron recursos para desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular e instalar en Chile una dictadura militar que asesinó y torturó a miles de compatriotas. Hoy, sin inmutarse, el presidente de Renovación Nacional, el abogado Carlos Larraín, declara que nunca se enteró de aquellos hechos y que si hubiera conocido antes el Informe Valech, por ejemplo, habría votado No en el plebiscito de 1988.

En RN y en la UDI casi todos utilizan el mismo argumento. Nunca supieron ni sospecharon que entre 1973 y 1989 se violaron sistemáticamente las más mínimas normas de convivencia en un país que se dice civilizado. Vivieron, casi todos, dedicados a ganar dinero, ignorantes de lo que ocurría en las barriadas pobres, en las universidades y en el mundo de los trabajadores, por mencionar algunos de los grupos sociales más golpeados por “los salvadores de la Patria”.

Sí supieron, en cambio, cómo adueñarse de las empresas que estaban en manos del Estado y que fueron privatizadas entre 1975 y 1989 a precio de liquidación. Sabían claramente cómo adquirirlas con ventaja, pues muchos de ellos trabajaban en Odeplan, en la Corfo, en el Banco del Estado, en el Banco Central, en la Superintendencia de Bancos, en Impuesto Internos, en la Tesorería de la República, en Conaf, en Serviu, Indap, Sonami, en la Dirección de Aguas y en los ministerios económicos de la dictadura, desde donde obtuvieron información privilegiada.

Al revisar las listas de civiles que fueron consejeros y asesores económicos y legales de la dictadura, surgen nombres que hoy integran los directorios y equipos gerenciales de muchos de los principales grupos económicos del país. Están en la banca, en los fondos de inversión, en las empresas energéticas, en las grandes inmobiliarias, en los supermercados, en las universidades privadas, en los seguros, en las AFPs y en las Isapres. Estos ejecutivo son la barra brava de Sebastián Piñera, que ha trabajado con ellos en los últimos 30 años, que incluso contribuyó a su formación.

Arrogantes y ambiciosos, sabedores de que han podido cooptar en los últimos 20 años a numerosos integrantes de las dirigencias de la Concertación, son los mismos que deciden las tarifas de los servicios públicos, los costos de la atención privada de salud, los aranceles de las carreras universitarias, las mensualidades de la previsión, el valor del metro cuadrado de los terrenos para construir y el contenido de la televisión y de los principales diarios del país, entre otras muchas cosas. Ellos deciden en qué medios de comunicación poner sus avisos publicitarios, de allí el control indirecto que ejercen sobre la prensa y las audiencias.

Una somera recopilación de las declaraciones y entrevistas concedidas por estos entusiastas piñeristas a revistas y periódicos en los últimos años, permite entrever con claridad cuáles son las expectativas que tienen si su candidato triunfa en las próximas elecciones: reducir el Estado a su mínima expresión, flexibilizar al máximo el mercado laboral, reducir al mínimo los controles al mercado de capitales, controlar lo que ellos denominan “excesos ambientalistas”, privatizar las empresas que aún quedan en manos del Estado, traspasar la mayor cantidad posible de las reservas de las AFPs a fondos de mayor riesgo, “destrabar” el uso de los suelos, uniformar a las universidades estatales con las privadas, y así sucesivamente.

Los intereses de Piñera

En el otoño de 2006, a poco andar del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Piñera inició su nueva campaña para intentar llegar a La Moneda en las elecciones de 2009. Consciente de que sus adversarios pondrían énfasis en el cuestionamiento de sus muy vastos intereses empresariales, comenzó a planificar el traspaso de sus bienes y a reestructurar la administración de ellos.

Cuantificar la magnitud de su fortuna y mostrar en detalle cuáles son sus intereses en Chile y en el extranjero ha sido una tarea que muchos han emprendido, pero que dista bastante de haberse alcanzado. A partir de fuentes de prensa y de datos de la Superintendencia de Valores y Seguros, se puede lograr una aproximación parcial al patrimonio de Piñera al promediar 2008. Poseía intereses accionarios en cerca de 40 sociedades, que a continuación se señalan:

Antarchile (Inversiones): 1,0%; BCI (Inversiones): 1,0%; Blanco y Negro (Fútbol): 16,08; Campos (Agro): 2,05; Chilevisión (TV): 100; Cencosud (Inversiones): 1,0; CMPC (Industria): 1,0; Colbún (Energía): 1,0; Copec (Combustibles): 1,0; Corpbanca (Finanzas): 1,0; Cristales: 1,0; Teléfonos: 1,1; Sudamericana de Vapores: 2,0; Eperva (Pesca): 3,0; Forus (Vestuario): 2,0; Habitat (Fondos previsionales): 0,7; Indiver (Inversión): 1,0; Inforsa (Papel): 3,0; Lafarge CL (Cemento): 2,0; Lan Airlines: 26,0; Madeco (Industria): 2,0; Marinsa (Inversiones): 2,0; Masisa (Industria): 1,0; Norte Grande (Inversiones): 2,0; Oro Blanco (Inversiones): 2,0; Pampa Calichera (Inversiones): 10,2; Parque Arauco (Comercio): 2,0; Pasur (Inversiones): 1,0; Provida (Fondos previsionales): 1,0; Quintec (Computación): 3,0; Quiñenco (Inversiones): 4,1; Ripley (Retail): 2,0; Salfacorp (Inmobiliaria): 3,6; San Pedro (Vinos): 1,0; Sigdo Koppers (Industria): 1,0; Socovesa (Inmobiliaria): 2,0; Soquicom (Fertilizantes): 0,9; Tricahue (Energía): 1,0; Vapores (Naviera): 2,0.
Estás acciones fueron traspasadas por Piñera a cuatro fondos de inversión -Celfin, Moneda, LarraínVial y Bice- por medio de un fideicomiso voluntario cuyas condiciones muy pocos conocen. Algunos de los ejecutivos más cercanos a Piñera, que trabajaban con él en Bancard, se trasladaron a laborar en estos fondos de inversión, cuyos dueños en su mayoría son amigos o discípulos del abanderado de la Coalición por el Cambio.

A través de estas sociedades, Piñera y sus principales asesores financieros se vincularon a los más importantes grupos económicos del país, como los Matte, Luksic, Angelini, Vicuña, Yarur, Paulmann, Abumohor, Ponce Lerou, Claro, Said, Sweet y otros. Parece comprensible, entonces, que hayan surgido aprehensiones sobre las decisiones que podría tomar en un eventual gobierno suyo, que afectarían de una u otra manera los intereses propios, de sus socios y amigos.